Los Presupuestos Participativos Municipales, según la Declaración de Bogotá

Los presupuestos participativos municipales son procesos experimentales de democracia participativa que han surgido para completar la democracia representativa y, en consecuencia, se han extendido a varias ciudades y regiones de todos los continentes.

El ideario más democrático de los presupuestos participativos municipales está incluido en la Declaración de Bogotá, aprobada en 2011 por la III Asamblea de la Plataforma Internacional por los Presupuestos Participativos y la Planificación Participativa.

La Declaración de Bogotá establece que la Democracia Participativa es una alternativa a la globalización neoliberal al profundizar la democratización de la política, la economía, la sociedad y la cultura, mientras que el Presupuesto Participativo es un instrumento de democracia real para construir otro mundo posible.

Asimismo, propugna incorporar los presupuestos participativos en las agendas de los partidos políticos, de los movimientos sociales, de la sociedad civil y de la restante administración estatal en el marco de la democracia participativa.

Significa que el presupuesto participativo de ciclo anual sea integrado en una planificación participativa de largo plazo, es decir, estratégica, cuya duración mínima puede ser 5 años.

No obstante, hay que advertir que un presupuesto pierde su consideración participativa cuando, por ejemplo, sustituye un Autoreglamento por un Reglamento Municipal, o, también, cuando desprecie la autonomía de la participación ciudadana y la democracia directa.

Los Presupuestos Participativos, en efecto, tienen que ser vinculantes para respetar el cumplimiento de las decisiones ciudadanas; contar con sistemas de información, comunicación y formación que garanticen la autonomía, empoderamiento y apropiación social del proceso; y, adoptar sistemas de seguimiento, control social y rendición de cuentas.

Además, los Presupuestos Participativos deben movilizar a la ciudadanía para transformar la realidad social, superar las desigualdades y la exclusión social, y, en suma, disfrutar efectivamente de condiciones de vida garantizadas por los Derechos Humanos.

En fin, los presupuestos participativos deben contener espacios deliberativos previos al momento decisorio que favorezcan la construcción de consensos y, sobre la elección de delegados/as, estos/as deben tener mandato imperativo de sus asambleas.

Por otro lado, los gobiernos locales deben respetar el proceso participativo de la ciudadanía facilitando los recursos financieros, técnicos y administrativos adecuados para promover la práctica continuada de los presupuestos participativos municipales, cuyo monto deberá ser significativo y progresivo, vinculados a la planificación participada, gestión participativa y el desarrollo del territorio.

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